El delegado de Contratación del Ayuntamiento de Chipiona, Javier Díaz, ha querido hoy dejar muy claro que no existen irregularidades en el procedimiento de adjudicación del quiosco ubicado en el paseo de la Cruz del Mar junto a los terrenos del Muelle y ha señalado que si alguien las hubiera detectado debería haberlo hecho constar en las actas, algo que apunta que no sucedió, y, en su caso, denunciarlas. En ese sentido, ha apelado a la responsabilidad de la portavoz socialista María Naval, afirmando que, al hablar de irregularidades en el procedimiento, pone en cuestión a todas las personas que forman parte de la mesa de contratación, incluidos los técnicos municipales.
El delegado de Contratación también ha hecho hincapié en que en el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público queda muy claro que las administraciones han de sacar a licitación cualquier espacio público, como es el caso del referido quiosco.
El pliego de prescipciones técnicas, ha explicado, recoge la cuantía de económica, incluida la de las mejoras, y luego la apertura de las ofertas se realiza públicamente, pudiendo cualquier ciudadano asistir y calcular la puntuación de las propuestas, porque es algo matemático y totalmente transparente. Un acta no se firma por estar presente, ha subrayado, sino que significa que se está de acuerdo.
Javier Díaz ha negado así mismo que no se hubiera convocado al PSOE a la mesa de valoración de las mejoras. Sobre esa cuestión ha afirmado que a ella asistió el edil de esa formación Rafael Martínez y ha precisado que incluso se posibilitó que la misma se celebrara en una fecha posterior con la asistencia de los dos grupos de la oposición.
El técnico de Comercio, Juan Manuel Rivera, ha aclarado que en el concurso público de licitación se ha concedido la instalación a la oferta objetiva más ventajosa, tal y como establece la normativa vigente.
En su calidad de delegado sindical de UGT, Rivera ha rogado a los representantes políticos que sean prudentes en las valoraciones que se hagan de los temas para que no se creen dudas de la imparcialidad, objetividad y transparencia con la que actúan los empleados municipales, que dentro de sus quehaceres diarios pueden cometer errores, pero la propia legislación administrativa dispone de mecanismos para su corrección.
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