JUSTICIA IMPLACABLE

El enrarecido e impropio clima político que padecemos ha motivado que la justicia esté investigando numerosas conductas delictivas perpetradas por cargos públicos y partidistas. Esa ola de corrupción responde a una vergonzosa carencia de ética y moral social en quienes nos gobiernan. Vista la relevancia de los sujetos involucrados, es claro que estamos inmersos en una gravísima situación delincuencial.

El poder político conlleva siempre un fuerte riesgo de corrupción, solo combatible desde la moral personal y el espíritu de servicio público de quienes lo detentan. Los cargos se han de asumir como honroso compromiso con la ciudadanía, desde el respeto a las normas y la finalidad de procurar el bien común. La actitud de trabajar bienintencionadamente por la comunidad es esencial, al margen de ideologías o militancias.

Por desgracia, nuestra actual democracia ha padecido episodios de corrupción bajo todas las siglas, con parámetros que se repiten cíclicamente. Las adjudicaciones fraudulentas de contratos en el sector público a cambio de comisiones son la fórmula más extendida, beneficiándose políticos merced a amaños en los procesos de selección. Con ello coexisten otras muchas conductas defraudatorias de lo público.

Pero asistimos ahora a un grave estado generalizado de corrupción económica institucionalizada, acompañada también de una preocupante corrupción moral y política, que alcanza a la mismísima cúpula gubernamental y pretende corroer a las instituciones encargadas de investigar y perseguir esa lacra. Cuando esos organismos se infiltran por políticos sin escrúpulos, hay razones para que la ciudadanía esté muy preocupada.

El panorama no precisa nombres ni concreciones, pues los investigados superan ya el centenar y aún queda mucho por conocer. En tal coyuntura solo nos queda la Justicia, en cuanto poder garante de nuestros derechos y libertades frente a los otros poderes del Estado. Con un ejecutivo infectado por la corrupción hemos de confiar en un poder judicial, que afortunadamente está funcionando con normalidad a través de los jueces independientes y las unidades de policía judicial. Ante el riesgo cierto de una autocracia corrupta, solo el poder judicial ampara y defiende la democracia y la legalidad.

La política que sufrimos es la antítesis de la justicia, pues aquella ha alcanzado cotas de elevada inmoralidad incurriendo en múltiples delitos que los jueces están persiguiendo, a pesar de las trabas y maniobras torticeras que pretenden dificultar su labor. Son varias docenas de magistrados los que por ahora intervienen en asuntos de corrupción política, lo que hace insostenible la tesis del lawfare. Son jueces en su inmensa mayoría de marcado perfil profesional e incluso progresista, como el que ha desautorizado el viaje de la esposa del presidente del gobierno a Turquía, que fue alto cargo en el primer gobierno de ese mismo presidente.

La seriedad del dato judicial mata el falaz y demagógico relato gubernamental, que pretende relativizar esa corrupción. A estas alturas, ya nadie libre y medianamente sensato ignora que está aflorando una situación altamente preocupante. Solo defienden lo indefendible quienes directa o indirectamente viven de ese gobierno y partidos que lo sustentan, avivando el sectarismo entre los más desfavorecidos intelectualmente. Porque a tales vividores no les importa ni la moral ni los principios ni las ideas políticas ni el bienestar de la gente.

Los datos son muy elocuentes y hacen insostenible la consigna de resistir hasta el final sin asumir responsabilidades políticas. Este gobierno terminará como era de esperar, pues no ha podido con la independencia y profesionalidad de nuestra judicatura. La justicia es ciega pero certera, mientras que la corrupción es insaciable y torpe. Esta etapa concluirá como muchos venimos aventurando desde hace años: condenas, encarcelamientos y juicios se sucederán durante lustros. Caerán quienes tengan que caer, sean cuales sean los cargos que ocupen, precisamente porque la justicia es independiente, justa e implacable.

José Joaquín Gallardo
abogado