El diputado de IU en el grupo Adelante, Hugo Palomares, recuerda que el Pleno de la Diputación aprobó por mayoría la moción presentada por IU hace dos años y medio para dar cumplimiento en la provincia a la Ley de Memoria Histórica y Democrática Andaluza
El diputado provincial de Izquierda Unida en el grupo Adelante, Hugo Palomares, preguntó ayer a la presidenta de la Diputación Provincial, Irene García, por las gestiones que ha hecho esta institución para dar cumplimiento a la moción de IU aprobada en junio de 2018 por la que se instaba a la Diputación de Cádiz a promover un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz para la creación de un banco provincial de pruebas genéticas de ADN de restos exhumados en la provincia de Cádiz y de familiares de la víctimas de la represión franquista. “El objetivo de esta moción que defendió y logró sacar adelante nuestro entonces diputado Antonio Alba –apunta Palomares-, era el de permitir el establecimiento de los vínculos biológicos entre víctimas y familiares”.En este sentido, el diputado de IU y responsable de Política Institucional de IU Cádiz ha preguntado a la Diputación por las gestiones que se están haciendo para cumplir este acuerdo plenario, los plazos con los que cuenta para impulsar este Banco de ADN, así como los avances que prevé para este año 2021 para lograr materializar el acuerdo adoptado por la mayoría del Pleno provincial.
La moción de IU contemplaba que la coordinación del citado Banco de ADN fuera encomendada al Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la propia Diputación. Asimismo, recuerda Palomares que “este acuerdo adoptado supone dar desarrollo a la Ley de Memoria Histórica y Democrática Andaluza, que en su artículo 13.3 establece que la Administración de la Junta de Andalucía realizará pruebas genéticas que permitan la identificación de los restos óseos exhumados”.
Apunta además, que en el momento en que fue aprobada la moción de IU –junio de 2018- y de acuerdo con datos oficiales, “la provincia de Cádiz contaba con 118 fosas comunes documentadas y la cifra de las personas desaparecidas en la provincia durante la Guerra Civil y la Dictadura Franquista asciende a 1.584 víctimas”. En este sentido, entiende que “es de justicia que desde las administraciones se haga un esfuerzo para lograr una identificación de los restos hallados en fosas comunes y cunetas, para honrar debidamente su memoria y dar tranquilidad a sus familiares”.
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