El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Juan Jiménez, el alcalde de Cazalla de la Sierra, Carmelo Conde Chaves, la vicepresidenta de la Asociación Memoria Histórica y Justicia, Francisca Maqueda, y Elena Vera Cruz, en representación de la empresa ARQ´cuatro, han firmado hoy un convenio para la adhesión por parte de la UPO a la excavación de la fosa común del cementerio de Cazalla de la Sierra.	

Estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, coordinados por la profesora del Laboratorio de Arqueología de la UPO Inmaculada Carrasco, participarán así en los trabajos de excavación y exhumación de los cuerpos de los represaliados a consecuencia del golpe militar de 1936 en este municipio de la Sierra Norte, en el marco de las acciones para la Recuperación de la Memoria Histórica. 

Las labores de excavación, a las que se ha sumado esta mañana la UPO y que realiza el grupo de arqueólogas de la empresa ARQ´cuatro, comenzaron después de que el pasado 14 de julio la Asociación Memoria Histórica y Justicia y el alcalde de Cazalla de la Sierra, Carmelo Conde, firmaran un acuerdo a tal efecto gracias a una subvención de 54.000 euros del Ministerio de Presidencia. Las primeras gestiones para la exhumación de los restos de los represaliados se remontan al año 2004, cuando los familiares de varias víctimas propusieron a la Asociación Memoria Histórica y Justicia el rescate de los cadáveres enterrados en la fosa común del cementerio de esta localidad.

Desde que comenzaron las labores de excavación, son ya 25 los cadáveres descubiertos en esta fosa, que tiene una extensión de 21 por 5 metros y una profundidad de 2,18 metros, dividida en 5 niveles superpuestos de enterramiento. Los últimos hallazgos indican la gran la envergadura de la fosa, donde a juicio de los historiadores locales podrían descansar los restos de casi de 300 víctimas de la represión franquista.