El Consejo Andaluz de Cámaras muestra su sorpresa por la reciente controversia surgida a raíz de la pretendida participación empresarial andaluza en la empresa aeronáutica Sacesa.
En ningún momento se afronta el núcleo central de este asunto, que no es otro que las continuas trabas que la iniciativa privada andaluza encuentra para invertir. Sin duda alguna, todo lo sucedido no es, en modo alguno, el mejor camino para que la confianza se instale en el colectivo empresarial, y el consenso facilite un entorno adecuado para el crecimiento económico.
Está en juego la política de diálogo social y la capacidad para alcanzar acuerdos sobre el futuro de Andalucía. Porque lo ocurrido no es un asunto aislado.
En sectores fundamentales del desarrollo de Andalucía es muy preocupante que algunos departamentos de la Junta de Andalucía insistan con sus actuaciones negativas para la economía.
Los empresarios andaluces lamentan que la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa persista en su descalificación al colectivo que más contribuye al bienestar de los ciudadanos con la creación de riqueza y empleo.
Se ha dado la espalda a los empresarios andaluces, que son los que aportan riqueza y empleo a nuestra región, y se ha optado por beneficiar otras decisiones.
En suma, la actuación de la Consejería supone un desprecio a los empresarios, que son los que han contribuido a favorecer la imagen de modernidad y progreso con un trabajo serio y responsable.
En relación a la anunciada Ley de la Vivienda, los empresarios andaluces insisten en que el anuncio supone una penalización del sector en aras a otras expectativas que se le crean a los consumidores, cuando en estos momentos se desconoce cómo y cuándo se llevará a cabo.
De cualquier modo, este nuevo anuncio no es más que el último eslabón de la actuación de la Consejería de Obras Públicas y Transportes que, en la presente legislatura, ha promovido un grueso paquete de normas urbanísticas que no han conseguido más que dificultar la actividad del sector de la construcción y transmitir una preocupante sensación de inseguridad jurídica.
Por último, el largamente esperado y nunca aprobado decreto sobre campos de golf tiene paralizadas las inversiones de un importante sector económico, cuando lo que requiere la seguridad jurídica y la certeza económica es la aplicación del derecho vigente hasta que sea sustituido.
