El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados acordó hoy ofrecer su

mediación en el conflicto entre la Junta y los funcionarios de la

Administración de Justicia, ante las "graves demoras" causadas por

la huelga que la semana próxima entrará en una nueva etapa que se

prolongará hasta final de mes.

Los once decanos de los Colegios de Abogados andaluces, reunidos en

Antequera, denunciaron que el conflicto "está afectando ya de manera

grave y preocupante a un servicio público esencial y los ciudadanos

andaluces son los primeros perjudicados", según dijo a Efe el portavoz

del Consejo y decano del colegio de Sevilla, José Joaquín Gallardo.

La mediación institucional tiene por objeto "contribuir a resolver en

términos razonables la grave situación creada y evitar mayores perjuicios

al servicio público de la Justicia y a los ciudadanos andaluces", explicó.

El órgano autonómico de la abogacía andaluza acordó también instar a la

Junta de Andalucía y a los funcionarios para que intensifiquen las

negociaciones a fin de lograr a la mayor brevedad un acuerdo razonable,

"evitando discriminaciones en las legítimas reivindicaciones de los

funcionarios andaluces y que logre desbloquear la preocupante situación"

que padecen en los órganos judiciales andaluces.

Los decanos andaluces, según Gallardo, decidieron también exhortar a la

Administración y a los funcionarios para que "abandonen posiciones

maximalistas y aborden las discrepancias existentes con actitud de

dialogo y acercamiento".

La huelga de funcionarios, que comenzó con paros aislados en abril y mayo,

se prolongó durante tres horas diarias toda la semana pasada y a partir del

día 16 se repetirá todos los días de 10 a 13 horas hasta final de mes.

Los 6.000 trabajadores de la Administración de Justicia andaluza reclaman su

equiparación con los funcionarios de la Junta y otras mejoras laborales.

Los representantes de los abogados constataron en su reunión de hoy que las

reiteradas suspensiones de actuaciones judiciales "están acumulando ya

graves demoras en la tramitación de los asuntos, con el consecuente

perjuicio para los usuarios andaluces", manifestó Gallardo.