El Ayuntamiento de Chipiona lo tiene todo dispuesto para la firma del convenio de colaboración con la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía para la dotación de recursos destinados al uso seguro de las playas con motivo del COVID-19. En virtud del mismo, serán contratados 38 vigilantes de playas del 15 de junio al 30 de septiembre.
No obstante, el alcalde de la localidad, Luis Mario Aparcero, ha transmitido en un escrito a la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, que, en la medida de las posibilidades, “se replantee el criterio de reparto” para que el municipio pueda contar con un número mayor de vigilantes dadas sus especiales características.
El primer edil argumenta que Chipiona cuenta con 50 accesos repartidos entre las diferentes playas y que se requiere algún tipo de plan especial de seguridad para toda la población que garantice la prestación con más personal sanitario y ambulancias del SAS, más efectivos de Guardia Civil y Protección civil, así como una mayor coordinación en la temporada estival.
Luís Mario Aparcero ha trasmitido a la delegada de la Junta en nombre de la Corporación Municipal que las medidas de apoyo son bienvenidas y llegan en buen momento, pero le ha recordado que Chipiona “pasa de pueblo a ciudad” en estos meses y su población se multiplica por 10 llegando a pasar de 20.000 a 200.000 habitantes. Unos datos que, subraya, no tienen parangón en otras poblaciones de la provincia ni de ningún lugar de España y que se constatan con las cifras de recogida de basura, de metros cúbicos de agua consumidos, de viviendas habitadas, de kilómetros de playas, de número de vehículos o aparcamientos, de visitas turísticas o de plazas hoteleras.
Aparcero señala finalmente en su escrito que, viendo los datos del reparto realizado a nivel provincial y los criterios del mismo, “se sienten agraviados porque entienden que no se ha tenido para nada en cuenta el criterio más importante de una playa, que es el aforo”.
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