Inmaculada Torres, abogada de Veritas: “El Gobierno no se atreve a aprobar la no prescripción de los delitos sexuales”

Hace unas semanas el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, ampliando así el plazo de prescripción de los delitos sexuales contra menores hasta que la víctima cumpla los 30 años. Sin embargo, siguen quedando exentos de esta ampliación las personas mayores de edad que han sufrido abusos, por lo que los delitos de abuso sexual siguen prescribiendo para mujeres y hombres a los cinco años, y los de agresión a los diez. Para Inmaculada Torres, abogada de la Asociación de Víctimas de Abusos Veritas, “el Ejecutivo no se atreve a dar el paso porque no saben cómo darlo. El Gobierno se ampara en el principio de seguridad jurídica, o lo que es lo mismo, se ampara en los derechos del delincuente”. La letrada junto con los miembros de la asociación, ya se reunieron en junio del año pasado con los grupos parlamentarios para hacerles una propuesta de modificación del Código Penal. En ella se contemplaba que el plazo de prescripción no se computase desde el mismo momento en el que se comete el supuesto delito. Es decir, que empiece a contar una vez que la víctima tenga la capacidad suficiente como para llevar el caso ante los tribunales. Algo que, por ejemplo, ya ocurre en la actual legislación de otros países de la UE, como es el caso de Francia e Italia, donde los delitos sexuales prescriben entre los 20 y 30 años. O el propio sistema judicial de EE.UU., donde no prescriben nunca. “Espero que la ampliación del plazo con los menores sea un primer paso hacia la totalidad de víctimas, tengan la edad que tengan. Hay adultos que una vez cumplidos ya los dieciocho, también tienen esa falta de capacidad tras haber sido víctimas de abusos sexuales. El trastorno que les crea este tipo de delitos es muy grave. Sufren de una incapacidad absoluta que les impide denunciar. Por lo tanto, también se encuentran desprotegidos y desamparados al igual que los menores. ¿Por qué no aplican entonces ese plazo a mujeres y hombres? Creo realmente que es por cuestiones políticas”.